Desde hace tiempo, la situación se repite todos los años con algunas pocas variantes: unos luchan por la dignidad, el Estado no quiere dar brazo a torcer y los estudiantes pagan las consecuencias. Dada la escalada inflacionaria y las turbulencias económicas que parecieran aún lejos de cesar, la realidad se ha vuelto aún más opresiva para la sociedad y en consecuencia, la protesta en las 57 universidades nacionales de todo el país se ha potenciado.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios lleva varias semanas. Los docentes exigen un incremento del 30% en sus haberes, en consonancia con la inflación inicialmente prevista para 2018, y rechazan el 15% ofrecido. En la última reunión que tuvo lugar el miércoles, el Ministerio de Educación propuso además sumas no remunerativas, con lo que el aumento llegaría al 21% a cobrarse en diciembre, pero los sindicalistas de Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, UDA y Fagdut rechazaron esa oferta y esperaban recibir otra propuesta el viernes. Sin embargo, la nueva convocatoria se canceló y el Gobierno la reprogramó para mañana.
La nueva propuesta no satisfizo a los gremios por considerarla “insuficiente”. “Que la suma sea no bonificable quiere decir que no se considera la antigüedad ni los títulos que son muy comunes en el sector universitario. Además está muy por debajo de la inflación estimada para diciembre, en este contexto económico”, explicó la secretaria gremial de Conadu.
El jueves, en Buenos Aires, hubo una multitudinaria movilización; docentes, estudiantes y sindicatos marcharon bajo la lluvia a la Plaza de Mayo, para ratificar su defensa a la educación pública y rechazar nuevamente la política universitaria de la administración de Mauricio Macri.
El secretario general de Conadu sostuvo que el desfinanciamiento de las universidades que lleva dos años, es muy grave. “El presupuesto para la universidad es insuficiente y ya circuló que, para el año que viene, quieren aumentar un 7% cuando los rectores piden un 33%. Cualquier número por debajo va a significar un recorte”, afirmó el gremialista.
En la cartera de Educación se reconoció que la propuesta inicial -la mantuvieron desde marzo- no era suficiente, pero se argumentó que los gremios debían entender las restricciones económicas que afrontaban. El ministro Finocchiaro afirmó que no hay un ajuste en la educación pública ni un desfinanciamiento y denunció que detrás de la medida de fuerza había una “alianza kirchnerotroskista”.
Salta a la vida que los vaivenes económicos están devorando los bolsillos de los asalariados. Esta reticencia a dignificar los ingresos de los docentes universitarios se mantiene en los últimos años, y perjudica también a los estudiantes, que no solo pierden las mesas de exámenes, sino que al no recibir clases, no pueden aprender. En 2014, luego del paro por tiempo indeterminado (fueron más de 80 días de inactividad), muchos estudiantes del interior y de otras provincias abandonaron nuestra Universidad tucumana. En esa instancia como ahora, no se escuchó levantar la voz de los gobernadores ni de los legisladores nacionales en defensa de las casas de altos estudios ni de sus educadores, como si no supieran que este país ha crecido gracias a la educación y a quienes salieron de las universidades, con excepciones, por cierto. La mezquindad de la clase dirigente con este sector es inconcebible,
“Somos la primera generación con capacidad de destruir el mundo y la última que puede salvarlo. Lo que ocurra dependerá en gran medida de cómo eduquemos a la gente y de cuán dispuestos estemos a impulsar un cambio positivo”, dijo hace unos años el experto en Educación, Gary Marx. Un país sin educación está condenado al atraso.